18.01.2017

Nuevas reglas de publicidad y confidencialidad en Internet

La Comisión quiere que los servicios de mensajería como WhatsApp no puedan utilizar los datos de los usuarios para fines comerciales salvo expreso consentimiento. También pondrá límites a las llamadas y correos de publicidad y a las cookies.

En pleno proceso de adaptarse a la economía digital, la Unión Europea busca ahora crear un nuevo marco para algunos servicios publicitarios en Internet con el objetivo puesto en la protección de la privacidad de los usuarios. Hay varios frentes abiertos.

Por un lado, la UE quiere equiparar a WhatsApp o Facebook Messenger con las teleoperadoras tradicionales, dado que también prestan servicios de telecomunicaciones. Por ello, endurecerá las políticas de privacidad de estos servicios, prohibiendo el almacenamiento de algunos datos, obligando a que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones y convirtiendo en imprescindible que el usuario preste su consentimiento para que se recopilen y utilicen con fines publicitarios algunos datos.

La nueva legislación europea también quiere poner coto a las llamadas y correos publicitarios. De este modo, en el caso de las llamadas telefónicas se exigirá mostrar el número de quien llama e incluso se plantea crear números especiales que las identifiquen como marketing. Además, los usuarios tendrán derecho a inscribirse en una lista para no recibir estas llamadas. En el caso de los correos, se reforzará la lucha contra el spam.

El tercer ámbito son las cookies que insertan en los dispositivos de los usuarios algunas webs. La legislación más reciente obliga a solicitar el consentimiento del usuario la primera vez que visita el sitio. Con las nuevas normas, se elimina la necesidad de requerir dicho consentimiento cuando las cookies mejoren realmente la experiencia del usuario o tengan como fin contabilizar las visitas a la web. Esto indica que únicamente será necesario que el usuario dé su consentimiento para aquellas cookies con fines comerciales o publicitarios.

Quien no cumpla estas normas, que todavía deberán pasar por el Parlamento europeo y por los parlamentos de los Estados miembros, se enfrentará a multas de hasta el 4% de su facturación global.

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